Por: Luis de Valdeavellano
He leído con gran interés el artículo de opinión titulado “El reparto de publicidad institucional y alguna cosa más” publicado el día 28/06/2024 por el periodista y director adjunto del periódico digital El Confidencial, don Ángel Villarino, en el que hace algunas oportunas y brillantes reflexiones sobre el periodismo en general.
Entre otras cuestiones relevantes habla el articulista sobre cómo es contemplado el papel del periodismo, en según qué países, ya sean estos anglosajones, o de nuestra órbita “social-europeísta”; sobre su valor como eje importante en el que apoyar la libertad en nuestras sociedades, o el trato que recibe por parte de los políticos y las administraciones públicas.
Son muchos aspectos de una misma, aunque poliédrica realidad, y al respecto de sus diversas facetas me gustaría hacer alguna consideración propia, fruto de mi mera experiencia como lector de periódicos.
La primera de todas, remitiéndome a España, es una crítica negativa al periodismo en general, y a los periodistas en particular, en su desempeño profesional en la actualidad.
Observo ¿Será o no una mera casualidad? Como desde que se exigió estudiar una carrera para ser periodista y exhibir un título universitario, este inapelable requisito, en apariencia lógico, en la práctica, según mi opinión, ha sido un fracaso rotundo.
Constato el hecho verificable, y compartido con otros muchos lectores que así lo afirman a diario en sus comentarios en las redes que, en su conjunto, (salvaguardando honrosas excepciones como la del mencionado señor Villarino) los periodistas diplomados cada vez escriben peor, por ejemplo en comparación con los que lo hacían antes de los años setenta del siglo pasado. No sé bien a que se debe esta auténtica desgracia, pero me parece que este periodismo de carrera, “reglado” y “encorsetado”, a “mediocrizado” (permítaseme el palabro) la profesión, menoscabando la libertad y “gremializando” el oficio.
Dicho esto, hay un aspecto de fondo, para mí fundamental, que me ha sugerido la lectura del artículo de don Ángel, el cual me gustaría resaltar, y se trata del manido derecho a la información.
En las sociedades occidentales, enfermas de estupidez, vivimos un tiempo de derechos. Es el tiempo del “derechismo”. Todo son derechos, todos y todo tienen derechos: tiene derechos hasta el sol, la luna o las estrellas… y así nos va. Decadencia, indolencia, degeneración, conformismo, apatía, son las palabras que mejor definen a estas nuestras sociedades, enfermas, no sé bien si de muerte o, al menos, de sí mismas, pero, eso sí, llenas de derechos, y claro, en este contexto la información es un derecho supremo… o no. Veamos.
Por mi parte no considero que la información, en su aspecto más sustantivo, riguroso, o general, sea un derecho, no. Como principio no. Sería, en todo caso, más bien un deber. El deber de informarse rigurosamente, de aprender a discernir entre el grano y la paja vendría a ser la más elemental obligación de toda persona deseosa de saber, de aprender.
Es cierto, sin embargo, que la información sí es, y debe ser, un derecho fundamental, en variados aspectos trascendentes para la salud de nuestras sociedades, por ejemplo en todo lo que tiene que ver con el desempeño de los políticos que nos gobiernan, tiránicamente, por mucho que nos envuelvan esta tiranía en papel de regalo democrático. Es un derecho inalienable, que está siendo conculcado sistemáticamente, el que los políticos informen, con veracidad contrastable, de lo que hacen con nuestro dinero, como lo administran. Que contesten a las preguntas de los medios, así como a las de sus opositores políticos, en suma a las interpelaciones de nuestros representantes, tanto en el parlamento, como en las demás instituciones públicas, puesto que cada vez que no lo hacen, que es todas, se ríen de nosotros, se burlan del pueblo, de sus empleadores, de la dignidad de las personas y de las leyes; pero, por contra, en la actualidad, sistemáticamente, no contestan, no informan absolutamente de nada y si lo hacen, mienten como bellacos.
El incumplir estas obligaciones de información pública tendría que suponerles penas gravísimas, que no son multitas de tres mil euros. Vergüenza.
Por tanto podríamos afirmar que los ciudadanos, como pagadores de impuestos, tenemos el derecho de recibir información, real y fidedigna, sobre todas y cada una de las cuestiones públicas, mientras que tenemos el deber de procurarnos información, fidedigna y real, sobre los otros múltiples aspectos del mundo que sean de nuestro interés particular.
Pero no considero un derecho el recabar información, particular y privada, sobre personas que no deseen ofrecerla. Un tema sin duda controvertido.
En cuanto al asunto del reparto de los dineros públicos (esos que no son de nadie) en las campañas publicitarias de las administraciones públicas, es decir: en el modo recurrente de dopar a los medios afines, dañando a los indeseados, el gobierno actual y sus adláteres, mucho más que otros anteriores, los dilapida trapicheando, comprando descaradamente votos y voluntades, y ese es otro cantar, cantar lúgubre, dictatorial y sectario.
Lo que está sucediendo en estos años nefastos de nepotismo y vilipendiosa gestión pública socialista, es el más negro ejemplo de que la “democracia” en España, si alguna vez existió, hoy está en vías de disolución, en manos de políticos delincuentes y delincuentes políticos.
Vale
SIRTÁBANO 