Por: Luis de Valdeavellano
Nota del autor: Este artículo fue publicado en el periódico digital «La Comunidad de Info» en 2012. Se reproduce aquí con alguna ligerísima variación mientras se constata que doce años después las cosas, en el ámbito público y político, no han hecho sino empeorar.
Es necesario decir, antes de nada, que me propongo escribir sobre la ley y la justicia, yo, que soy lego en leyes, y que, a menudo, me muestro injusto con los demás, e incluso conmigo mismo. Yo que soy un pobre iletrado con el afán iluso de un niño jugando a sacar toda el agua del mar. Y como un niño me gustaría tratar de este tema tan difícil y tan esencial para la vida del hombre en sociedad. Por ello lo primero que preguntaría es si son lo mismo justicia y ley, ley y justicia, y obviamente la respuesta ha de ser no. La ley es, en el sentido que nos interesa: “el conjunto de normas dictadas por el poder legislativo”, más o menos, es decir, que los humanos, algunos humanos, dictan normas que todos debemos cumplir para facilitar así el buen regimiento de las sociedades a las cuales van destinadas. La justicia es el aparato, tribunales, magistrados, personas, encargado de hacer cumplir esas leyes de una forma igualitaria, equitativa, fiel a la esencia de las propias leyes que, inevitablemente, siempre estarán sujetas a algún tipo de interpretación.
Es fácil en principio: hay que regular y facilitar la vida en sociedad, pues hagamos unas leyes justas, procuremos que todos las cumplan y así la sociedad será un poco más feliz pues cada uno obtendrá lo suyo. Pero ¿cómo pueden ser justas unas leyes hechas por una minoría, sobre la que pesan intereses de clase muy particulares? Hete aquí como la injusticia de las leyes arranca desde el mismo momento de su creación.
Repasemos la situación, hemos dicho que las leyes las hacen unos pocos, en concreto la casta política, para su acatamiento por parte de todos, ellos incluidos, pero en la práctica son bastantes los que se escapan a su cumplimiento, los primeros esos mismos legisladores, políticos que se escudan en las propias leyes por ellos creadas, retorciéndolas arteramente, bordeándolas, sorteándolas, comprimiéndolas o estirándolas según sus necesidades personales, limitando el efecto que puedan tener sobre sí mismos mediante todo tipo de artimañas, más o menos legales según los casos, encaminadas a dificultar su aplicación cabal cuando a ellos les afectan.
Vienen después otros que lo consiguen por mor de su dinero y su poder, recuerdo lo que decía el sabio griego antiguo, no por supuesto de forma literal pero sí sustantiva: “las leyes y la justicia son una tela de araña donde quedan atrapados los flojos, los débiles, los inermes, pues los fuertes las arrollan y rompen sin problema”, y por último, a los que suele cargarse todo el peso de la ley, literalmente, a los delincuentes menores, a los desprotegidos e ignorantes ciudadanos, a la mayoría silenciosa e indefensa, a casi todos nosotros. Así que tenemos unas leyes hechas por unos pocos, para el conjunto de la sociedad, y de las que se escapan sus mismos hacedores y los poderosos con su poder y su dinero.
En estos días estamos viendo como el partido gobernante (encabezado por un ministro perteneciente a la casta política más acendrada, que no ha trabajado en su vida, muy amigo de dar consejos morales o, mejor, de impartir esa moralina tan meliflua como babosa, propia de los mansos y suaves perdonavidas), en vez de solucionar el enorme problema judicial que padecemos haciendo que las leyes, siendo justas, se cumplan por parte de todos, y que la justicia sea razonablemente equitativa, rápida y eficaz para la mayoría, lo que hace es manipularla aún más, hacerla todavía más inalcanzable para el ciudadano de a pie, pues impondrá unas tasas que harán de la justicia cosa de ricos, es decir ahondará aún, si cabe, el pozo donde se ahoga la ley en la injusticia. Pero, además, aprovecha para cambiar algunos artículos de nuestras leyes entre los que destaca, para mi mente infantil, proclive a las ensoñaciones, la protección especial que se da a los de su casta incrementando las penas contra el delito de magnicidio, es decir, contra el asesinato de altos cargos en el ejercicio del gobierno.
Es fino el ministro, es hábil, como chico de casa bien, y bien educado en el sentido más tópico de la palabra, melómano incluso, lo que no debe llevar a engaño pues ser amante del arte en cualquiera de sus formas nada tiene que ver con la verdadera educación y sabiduría, y aunque sea un llorica sensiblero, un meapilas de tomo y lomo, no le tiembla el pulso, ni la púa, de su alma tierna y delicada, a la hora de escamotear libertades a los humildes, a la plebe, al populacho.
Y que no se entienda, con todo lo anteriormente dicho, que yo soy un tipo que no cree en la ley y en la justicia, – descreo de estas leyes y de esta justicia– pero creo que se debería poder llegar a creer y, que yo mismo creería si la realidad de su creación y empleo justo me incitaran a ello.
Es la presunta indolencia del niño, su inocencia relativa, su aparente desidia y desapego ante las cosas del mundo, la que me mueve a considerar más sencillo sacar toda el agua del mar que cambiar el corazón negro de la gente.
Vale.